TLX Noticias / Rodrigo Xicohtencatl / Septiembre 12. Son muchas las voces a favor y en contra de la controversial reforma educativa, igual que el paquete de reformas del actual gobierno federal ha sido el motivo de discusión de todo el sexenio.
En particular la educativa ha tenido diversos ecos, sobre todo por el tema de las evaluaciones al magisterio, un sector que en otros momentos históricos era intocable. Pero más allá de todo este enredado contexto, pocas voces han levantado la voz en favor de quienes deberían ser el factor principal del debate, los estudiantes.
Garantizar educación de calidad para los alumnos es una tarea poco sencilla, por ello la responsabilidad de tener todas las herramientas necesarias es un factor indispensable, la calidad de la educación debe verse reflejada en el número de egresados y las capacidades y conocimientos adquiridos por estos.
Sin embargo, la actual reforma prevee calificar esta calidad a través diferentes evaluaciones, que más allá de brindar verdaderos resultados solo llenan de burocracia y endulzan el oído de quienes están frente de los destinos de la educación en todos los sectores, gubernamentales y sindicales, convirtiendo a los alumnos en simples cifras y estadísticas.
Pero más allá de sólo presentar cifras bonitas en los informes se fomenta la desigualdad y la discriminación en muchos niveles de educación, en el caso particular de aquellos que atienden a alumnos con discapacidades, denominados por el sistema como Educación Especial se ven confrontados por el dilema de buscar la mejora de los alumnos o bien llenar simples evaluaciones que abonen al crédito de las autoridades.
Esta semana se comenzaron a aplicar evaluaciones tipo SisAT (Sistema de Alerta Temprana) las cuales bajo el supuesto concepto de la inclusión y la no discriminación, busca que alumnos con discapacidades como: autismo, parálisis cerebral, deficiencia mental, síndrome de down, entre otras sean, capaces de realizar actividades, ejercicios o bien ecuaciones al mismo nivel que alumnos regulares.
Es cierto que una sociedad incluyente es un modelo utópico para cualquier país, esta debe estar fundamentado en la aceptación de todos sus individuos y su correcta incursión en la sociedad con base a sus capacidades, brindando las condiciones de igualdad, respeto y derechos de igual manera para todos, y no sólo en la obligación del cumplimiento de normas, medidas y patrones establecidos de manera impositiva y unilateral que lejos de buscar sean tratados en igualdad, son marginados y discriminados, pues en este caso se olvida su necesidad de aprendizaje distinto al de alumnos regulares.
Para los padres de familia y maestros tener niños con discapacidades es un reto doble que requiere de vocación, preparación, profesionalismo y amor, mismo que exige de estos el mejor de sus esfuerzos con la firme intención de brindar a los pequeños un mejor futuro, convertirlos en una simple estadística es un conflicto profesional para los docentes, pues contrapone su ética y profesionalismo contra las decisiones de quienes manejan los destinos de la educación en el país y para los padres de familia, representa un severo revés en la búsqueda de mejores condiciones para sus hijos y más aún cuando las condiciones económicas no son las mejores y se carecen de los recursos para una atención especializada de manera privada.
Esta problemática y otras se miran de lejos, pues los conflictos y discusiones de primera plana que se sostienen día a día con motivo de la reforma educativa son otras, cuando el principal punto en la agenda a discutir es la niñez de este país y la calidad de educación que se quiere para ellos.
