El Estado mexicano está obligado a
garantizar el goce de estas prerrogativas; la omisión en este rubro es
materia de litigio, afirma.
Tlaxcala, Tlax.- Al ser parte de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado mexicano está jurídicamente obligado a garantizar el goce de estas prerrogativas, en virtud de que tal convenio internacional fue el primero en su tipo en tener un carácter vinculante para las naciones que lo signaron.
Lo anterior fue expuesto por Esteban
Guevara Montiel, académico enfocado a la investigación sobre la
accesibilidad de las personas con discapacidad motriz, durante la
conferencia ‘Discapacidad y derechos humanos’, efectuada en las
instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
“La Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad es el primer tratado jurídicamente
vinculante, es decir obligatorio. Los tratados internacionales,
generalmente, no tienen ninguna repercusión jurídica, más que una
recomendación, pero éste sí tiene un orden jurisdiccional por lo que la
violación a los derechos de personas con discapacidad tiene
repercusiones jurídicas”, dijo.
Explicó que, dado el carácter vinculante
de la Convención, ante la violación de los derechos fundamentales de
una persona con discapacidad se puede recurrir no solo ante los
organismos públicos de derechos humanos sino también ante las
instituciones de justicia del país.
De hecho, mencionó que, recientemente,
en la ciudad de Puebla se ganó el primer amparo a nivel nacional en el
que se fundamentó la defensa del agraviado -un comerciante con
discapacidad motriz- en los principios de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad.
“La Convención es jurídicamente
vinculante para los Estados parte, por eso la violación a los derechos
humanos de las personas con discapacidad es materia de litigio. Este
amparo es un antecedente, es el caminito para exigir al Estado que se
respeten los derechos de las personas con discapacidad”, indicó.
El también especialista en derechos
humanos reconoció que en el país se ha logrado una igualdad jurídica
para las personas con discapacidad, pero no una igualdad de
oportunidades porque no existen “medidas que compensen o corrijan las
discriminaciones resultantes de las prácticas cotidianas de la
sociedad”.
En este sentido, afirmó que en México se
necesita de una adecuación en infraestructura y transporte que permita
que las personas con discapacidad tengan la posibilidad de ser
verdaderamente autónomas e incluidas en todos los ámbitos de la
sociedad.
“En este país lo que necesitamos es una
adecuación para que las personas con discapacidad podamos vivir de
manera autónoma, es decir, generar políticas públicas en el tema de
infraestructura para circular libremente, adecuar el sistema de
transporte público y los espacios públicos. Simplemente se trata del
derecho a la accesibilidad que tenemos las personas con discapacidad”,
expuso.
La conferencia ‘Discapacidad y derechos
humanos’ fue organizada por las asociaciones civiles Centro de
Investigación y Análisis Socioespacial, y Centro Mexicano en Derecho
Penal, y a ella asistieron María del Carmen Mazarrasa Corona, directora
del Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad, representantes
de la sociedad civil organizada vinculados con el tema y personal de la
CEDH.
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