En cinco años y 11 meses que van de la
presente administración estatal, se fomentó la cultura de la legalidad y
la prevención del delito de trata de personas.
TLX Noticias / Redacción.- A través de la
coordinación interinstitucional entre dependencias estatales y federales
encabezadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
en lo que va de la presente administración estatal se efectuaron 173
operativos, a través de los cuales fueron cerrados 265 bares y centros
nocturnos que incumplían con diversas normas, al tiempo que se combatió
el delito de trata de personas.
Estas acciones interinstitucionales
estuvieron encabezadas por la procuradora Alicia Fragoso Sánchez y
participaron elementos de la Policía de Investigación, Agentes del
Ministerio Público y peritos especialistas de la dependencia estatal.
Así como efectivos de la Comisión
Estatal de Seguridad (CES), de la Policía Federal, trabajadores de la
Coordinación Estatal de Protección Civil (Cepc) y de las comisiones para
la Prevención contra Riesgos Sanitarios del Estado de Tlaxcala
(Coeprist) y Estatal de Derechos Humanos (Cedh).
A través de estos operativos, durante
los cinco años y 11 meses que va de la presente administración, se
revisaron 328 establecimientos de los cuales suspendieron 265 de
diversos giros comerciales por incurrir en faltas administrativas,
sanitarias, de seguridad e, incluso, por el delito de trata de personas.
Con estas acciones contundentes, la
dependencia encargada de procurar justicia rescató a 85 personas por
corrupción de menores. A todos ellos se les brindó la atención
interinstitucional correspondiente para su reincorporación al núcleo
familiar.
Lo anterior, demuestra la excelente
colaboración de los tres órdenes de Gobierno para inhibir la trata de
personas, así como detectar armas de fuego, drogas o cualquier actividad
ilícita en antros, bares, centros nocturnos, moteles y en la vía
pública de todo el territorio tlaxcalteca.
Estos logros se sustentan en las líneas
de acción previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, el cual
establece que, para mantener el desarrollo de la entidad, es preciso dar
prioridad a la vigencia plena del Estado de Derecho, como condición
necesaria para garantizar la seguridad de las personas y alcanzar una
convivencia pacífica y estable de la sociedad.
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