jueves, 21 de enero de 2021

STPS INICIA MESAS DE DIÁLOGO SOBRE LA REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inicio con la Mesa de diálogo respecto a los posibles efectos o distorsiones en el Reparto de Utilidades una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación.

Sesión de apertura con la participación de los sectores automotriz y de manufactura.

Palabras de Luisa María Alcalde Luján, Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Estas mesas se convocan en el marco del debate sobre la reforma en materia de subcontratación, iniciativa que tiene por objeto frenar esquemas abusivos que afectan a los trabajadores, a la hacienda pública, a la seguridad social, y que generan una competencia desleal            con las empresas que cumplen íntegramente con sus obligaciones patronales.       

Los usos fraudulentos del outsourcing han sido una preocupación central para el gobierno del presidente Andrés         Manuel López Obrador. En septiembre de 2019 la Secretaría del Trabajo, en coordinación con        el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit y la UIF, realizó el primer operativo de inspección a la subcontratación, con  la intención de supervisar el correcto            cumplimiento de la Ley Federal del  Trabajo.

Lo descubierto ahí, dio cuenta de la realidad de estas prácticas abusivas y sobre todo de           la urgente necesidad de ponerles un alto. En estas inspecciones descubrimos que el 83 por ciento de las empresas inspeccionadas tenía subcontratada al total de su plantilla, y el otro 17 por ciento tenía subcontratado al 95.5 por ciento de la plantilla.    

Hallamos que  el 75 por ciento de los trabajadores de las empresas inspeccionadas eran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con salarios menores a los que realmente percibían y que a su vez eran registrados en otras actividades a las que realmente desempeñaban con el objeto de fraudulentamente bajar su prima de riesgo.

Asimismo, se constató que    el 29 por ciento de las empresas inspeccionadas impone la renovación mensual de contrato a los trabajadores.   Estas personas viven permanentemente con la incertidumbre de si el próximo mes podrán llevar un ingreso a casa.           

También se identificó que el 95 por ciento de las empresas inspeccionadas conseguía a sus trabajadores a través de entre 3 y 6 empresas contratistas, las cuales no contaban con patrimonio propio, sino que fungían meramente como intermediarias que no arriesgan y que en realidad sirven para evadir las leyes.

Tales hallazgos pusieron en evidencia toda esta serie de medidas que han venido afectando a millones de trabajadores en nuestro país. Trabajadores que no generan antigüedad y que no son partícipes del reparto de utilidades; que no reciben aguinaldo, prima vacacional muchas veces, y que están imposibilitados de ejercer libremente sus derechos colectivos. Un tema que también ha sido recurrente y que estamos en una transición importantísima por la Reforma Laboral.

Así que el derecho a la negociación colectiva y a la organización sindical también es un derecho que se va limitando a través de esta figura de la subcontratación.

Como resultado de lo aprendido en los diferentes operativos que realizamos en 2019 y ante múltiples aplazamientos del poder legislativo, el Ejecutivo decidió enviar una iniciativa en materia de subcontratación, la cual implica una serie de reformas a diferentes leyes, dado que no es únicamente un problema en el terreno laboral. Así que son reformas que integran modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, al Código Fiscal de la Federación y las leyes respecto a IVA y del ISR.

Este paquete de enmiendas se propone poner fin a las prácticas abusivas que visibilizamos en las inspecciones de trabajo, pero incluso tratar de ir más allá. La propuesta de reforma abrió la puerta a un diálogo más profundo entre las tres partes, que hoy estamos aquí representadas en estas mesas; los representantes de los empleadores, los representantes de los trabajadores y el gobierno.

El resultado inmediato fue el acuerdo tripartito que firmamos en diciembre en Palacio Nacional, empresarios, sindicatos y gobierno refrendamos el compromiso de erradicar las prácticas abusivas de subcontratación de personal.

Ahí también suscribimos impulsar una discusión abierta para definir un sistema de reparto de utilidades justo, equitativo y que evite la posibilidad discrecionalidad de su pago en algunos sectores como los de uso intensivo de capital, en el marco de la futura prohibición de la subcontración de personal, tanto en la modalidad de outsourcing como de insourcing.

La iniciativa de los sectores productivos fue llevar a cabo una revisión exhaustiva del reparto de utilidades fundamentalmente en el sector de las empresas de uso intensivo de capital, que es donde se expresó que pudieran existir algún tipo de desequilibrio en el PTU que podría afectar la viabilidad y la competitividad de las empresas. Este acuerdo es la razón por la que hoy estemos aquí reunidos, siendo consecuentes con la palabra empeñada.

Quiero dejar claramente asentado en estos foros que no se han convocado para discutir ni cuestionar el derecho constitucional de los trabajadores al reparto de utilidades. Tampoco está a discusión el porcentaje de dicho reparto, que fue aprobado y fijado hace algunos meses en un 10% y que estará vigente en los próximos años.

Este porcentaje fijado en 10%, para aquellos que no están familiarizados, se determina a partir de una Comisión que se forma de manera tripartita. Entonces, estuvieron representados los trabajadores, los empleadores y el gobierno, y se determinó que este porcentaje quedaría fijado en 10% como ya sucedía anteriormente.

De lo que se trata es de entender el problema de las distorsiones que pudiera crear el PTU en los sectores específicos antes mencionados y buscar cómo, sin mermar ningún derecho de los trabajadores, se pudiera, en su caso, reformar la Ley Federal del Trabajo para evitar la pérdida de competitividad de las empresas. 

Así, a petición del sector empleador, se ha abierto la vía para este diálogo democrático, también cumpliendo la instrucción del Presidente de la República.

Debe recalcarse que éste no va a ser el único mecanismo de consulta respecto a la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades. Sino que, tenemos la expectativa que estos foros puedan ir allanando el camino para el diálogo permanente y democrático con trabajadores y empresarios.

El día de hoy se llevará vamos a iniciar este ciclo de mesas de diálogo con los temas relativos al reparto de utilidades en el sector automotriz y en el sector de manufactura. Ambos sectores medulares en la economía. En su conjunto representan el 15.6% de nuestro Producto Interno Bruto y generan más de 8 millones 600 mil empleos.

Mañana corresponderá el turno al sector financiero y al de seguros. El lunes 25 de enero vamos a reanudar actividades tocando lo referente al sector energético y de la industria extractiva. El miércoles 27 tendrá lugar la cuarta sesión de trabajo, abordando los sectores de las tecnologías de información y comunicación, así como el sector agropecuario. El quinto y último diálogo de este ciclo se realizará el jueves 28 de enero teniendo como interlocutores al resto de los sectores interesados, así como voces que puedan venir de otros sectores como la academia.

Estamos convencidos que estos diálogos serán fundamentales para tomar decisiones incluyentes, informadas y en beneficio de los trabajadores y de las empresas mexicanas.

Tenemos una tarea que hoy inicia, que va a ser muy intensa en las próximas semanas, pero estamos seguros que podemos a través del diálogo, de escucharnos, de entender estas circunstancias llegar a acuerdos como lo hemos venido haciendo en los dos años que hemos colaborado juntas y juntos.

Decir, que la idea, como ya lo habíamos mencionado, es que pudiesen, una vez que inicien las sesiones del Congreso, en este caso en específico del Cámara de Diputados dado que se trata de la cámara de origen, señalar la iniciativa como preferente, esto da la prioridad y establece un plazo de 30 días para que en el seno del Congreso se pueda discutir la iniciativa y en su caso aprobar.

Por eso tan importante que iniciáramos con este esfuerzo. Les agradecemos muchísimo que hayan asistido a la convocatoria.

 


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