• Partidos y coaliciones deberán incluir candidaturas indígenas, personas trans, afromexicanas y con discapacidad en candidaturas a diputaciones federales
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) modificó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, con el objetivo de promover la participación de grupos históricamente discriminados.
El proyecto, que deriva de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propone una serie de cambios entre los que destaca la participación de personas indígenas en 21 distritos, de las cuales 11 deberán ser mujeres.
Adicionalmente, los partidos deberán postular tres fórmulas de candidaturas integradas por personas afromexicanas en cualquiera de los 300 distritos electorales y una por el principio de Representación Proporcional en cualquiera de las cinco circunscripciones, debiendo ubicarla en los primeros 10 lugares de la lista. Las cuatro postulaciones deben realizarse de manera paritaria.
En materia de discapacidad, partidos y coaliciones deberán postular fórmulas de candidaturas integradas por personas con discapacidad en seis de los 300 distritos que conforman el país. Asimismo, en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de Representación Proporcional, los partidos políticos nacionales deberán postular dos fórmulas integradas por personas con discapacidad. Dichas fórmulas podrán postularse en cualquiera de las cinco circunscripciones electorales y deberán ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista respectiva.
Finalmente, en materia de diversidad sexual, el INE determinó que los partidos nacionales deberán postular cuando menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y, para el caso del principio de Representación Proporcional, deberán postular una fórmula dentro de los primeros 10 lugares de la lista de cualquiera de las cinco circunscripciones electorales.
La discusión de las medidas tiene que continuar
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova indicó que, si bien el momento para incluir estas medidas no es el más oportuno, se trata de una sentencia que el Instituto debe acatar, además de que es una discusión que necesita continuar una vez terminado el proceso electoral.
“No es el momento más oportuno porque, en efecto, las precampañas han avanzado, las convocatorias de los partidos han sido ya emitidas y a ellas han respondido ya miles y miles de ciudadanas y ciudadanos en los términos en los que las mismas fueron emitidas, y hoy tenemos que hacer ajustes que van a impactar el proceso de designación de las candidaturas por parte de los partidos políticos”.
Sin embargo, añadió, es muy pertinente que se abra la discusión sobre la inclusión de grupos vulnerables.
Córdova recordó que es a través de acciones afirmativas que se han logrado avances. “Eso ha pasado con el tema de la paridad, hoy estamos en las condiciones en las que venturosamente, luego de que muchas decisiones se tomaron en su momento como acciones afirmativas y posteriormente fueron recogidas, potenciadas o moduladas por el propio legislador”.
Las acciones afirmativas buscan mayor inclusión
Al respecto, la Consejera Dania Ravel afirmó que estas nuevas acciones afirmativas tienen como propósito asegurar una mayor inclusión a partir de la definición de pisos mínimos para la participación política de grupos que han sido históricamente discriminados.
“A pesar de que las acciones afirmativas no generan un cambio social inmediato ni garantizan por sí solas el éxito de un proyecto democrático incluyente, colocan en el centro de la discusión la necesidad y trascendencia impostergable, tanto de la participación como de la representación de personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación”, dijo.
Al acompañar el proyecto, el Consejero Martín Faz explicó que las medidas aprobadas tienen la finalidad de reducir las funciones sistemáticas de grupos y comunidades que históricamente son discriminados e invisibilizados.
“La adopción de medidas necesarias para la integración de grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación es una tarea principal que el Instituto Nacional Electoral debe de promover para asegurar la representatividad en la postulación de candidaturas”, sentenció.
Necesario avanzar en la representación de las y los jóvenes
La Consejera Claudia Zavala refirió que aún está pendiente la inclusión de un grupo que debe ser visibilizado también: las y los jóvenes.
“Las juventudes no son el futuro, son el presente, en nuestras nuevas formas de convivencia ellas y ellos nos han enseñado muchísimo, respecto de cómo plantear y replantear nuestros propios modelos y creo necesario dar un paso más a su representación”.
En este sentido, la Consejera Carla Humphrey coincidió en que en esta ocasión el INE ha dejado fuera acciones afirmativas dirigidas a dos grupos: jóvenes y migrantes.
“Si bien hay que garantizarles también el derecho de poder integrar, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados, creo que requiere de un análisis mayor y quizá de reformas legislativas”, por lo que llamó a las y los legisladores a implementar medidas en esta materia.
No se debe caer en simulaciones
Por su parte, la Consejera Adriana Favela confió en que los partidos cumplirán con compromiso estas nuevas determinaciones.
“Las veces que hemos estado trabajando, por ejemplo, con personas con discapacidad, con las personas de la comunidad trans, siempre han mostrado su gran disposición a apoyar estos temas y estoy también segura que van a cumplir con las acciones afirmativas”; sin embargo, advirtió que el Instituto estará pendiente para que los partidos no caigan en simulaciones o trampas para el cumplimiento de estas disposiciones.
Al exponer su postura, el Consejero Uuc-kib Espadas señaló que aún se debe avanzar más en la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas, ya que, en los 21 distritos reservados para candidaturas indígenas, sólo se encuentran ocho de los pueblos y comunidades del país.
“La acción afirmativa en favor de los pueblos indios no es una acción que beneficie al conjunto de quienes pertenecen a pueblos originarios de México, sino sólo a una fracción de ellos, a los más fuertes”.
Finalmente, el Consejero Ciro Murayama mencionó que los partidos políticos son parte de la diversidad y de la pluralidad que existe en México, por lo que “podrían y deberían desde sus respectivas agendas poner énfasis en hacer visibles causas, propósitos y propuestas y que la ciudadanía sancione esa diferencia con la libertad de su voto”.
Terminan trabajos de la Comisión de Seguimiento a Procesos Electorales 2019-2020
Durante la sesión, el pleno recibió el Informe final de los trabajos realizados por la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 celebrados en Coahuila e Hidalgo. En el Informe se da cuenta de las 21 sesiones celebradas, en donde se dio seguimiento al procedimiento de acreditación de observadores electorales, al desarrollo de las sesiones de los consejos locales y distritales de las entidades con proceso electoral.
Al respecto el Consejero José Roberto Ruiz, quien tuvo a su cargo la presidencia de esta Comisión, agradeció a todas y todos quienes colaboraron con el INE y los Organismos Públicos Locales de ambas entidades para organizar estas elecciones en medio de una crisis sanitaria.
Posteriormente, el Consejo ordenó al Partido Revolucionario Institucional realizar a la brevedad modificaciones a sus documentos básicos y, en su caso, a los reglamentos, para que dé cumplimiento a las reformas aprobadas el 13 de abril de 2020, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades Administrativa, a más tardar 60 días naturales posteriores a la conclusión del Proceso Electoral Federal 2020-2021, en acatamiento a una sentencia ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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