La dependencia se pronuncia a
favor de defender la vida como principio fundamental de todo acto de ley.
La Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales expresa su interés de que la Ley Minera, revisada hoy por
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenga como principios
fundamentales proteger la vida y priorizar el bienestar común, así como
garantizar el derecho de consulta de los pueblos indígenas.
El derecho a un ambiente sano es
un derecho primordial individual y colectivo que prevalece frente a intereses
particulares que explotan las riquezas del subsuelo. Ello, porque de los
ecosistemas y de su equilibrio dependen la vida y las posibilidades productivas
del país, y por tanto los ecosistemas son patrimonio común de la sociedad.
La minería es una actividad
extractiva que de manera regular deteriora el ambiente y el equilibrio
ecológico, y si no es vigilada y supervisada, muchas veces de forma
irreversible.
La transformación del paisaje, la
contaminación de cuerpos de agua, suelos y atmósfera, la emisión y descargas al
ambiente de compuestos y residuos peligrosos, desplazamiento y amenazas a flora
y fauna silvestre, cambios de uso de suelo forestal, son algunos ejemplos.
En el último año, la Semarnat ha
atendido diversos casos de daños ambientales causados por la minería, en los
que se encontró una vinculación y afectación a pueblos indígenas.
Es por ello que las autoridades
necesitamos un marco jurídico sólido que permita integrar armónicamente las
atribuciones de la autoridad, bajo el mandato constitucional de garantizar un
medio ambiente sano para el bienestar y desarrollo.
Asimismo, es necesario fortalecer
el marco jurídico que de plena certeza a los pueblos y comunidades indígenas
sobre el derecho a decidir, en un marco de autonomía sus propias formas
de convivencia, sus propios sistemas normativos y entre ellos observar y
mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos
establecidos en la propia Constitución.
En la Semarnat tenemos plena
confianza en que el criterio de nuestros ministros será conforme a los altos
principios de seguridad jurídica y respeto por los derechos humanos, -entre
ellos los derechos colectivos de los pueblos indígenas- como objetivo
primordial de toda legislación emanada de la Constitución mexicana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario